Se ha fijado un salario mínimo interprofesional (SMI) de 900 euros al mes. Teniendo en cuenta que son 14 pagas, prorrateando, salen 1.050 euros mensuales. Para ser honesto, me sigue pareciendo poco; aun así, son buenas noticias, ¿no?
Pues no. Y, aunque casi resulte negligente tratar de exponer todas las razones en un solo artículo, vamos a intentar, a través de varias reflexiones, arrojar algo de luz sobre el por qué.
Primero, lo primero. El título pretende poner de relieve que, aun teniendo ‘potestad’ el Gobierno para fijar unos salarios mínimos, tiene tanta influencia real sobre ellos como la tiene sobre el clima.
Antes de dar por zanjado este punto, respecto a la potestad y la legitimidad, no está de más citar el art. 27 del Estatuto de Trabajadores, “El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, …”. No está de más, ya que nuestro Gobierno pasó olímpicamente de lo pactado por sindicatos y empresas: una subida, más paulatina, hasta los 850 euros en 2020. Siendo los empresarios los que emplean y los sindicatos los que mejor conocen las necesidades de los trabajadores, ¿por qué meterse?
Aunque tiene una carga emocional muy positiva en el discurso de un político, fijar un salario mínimo, no es otra cosa que prohibir trabajar por debajo de esa cantidad. El brillante economista Juan Ramón Rallo plantea, más o menos, lo siguiente: ¿alguien vería lógica una ley que prohibiese trabajar a los autónomos que no obtuvieran unos beneficios de, al menos, 900 euros al mes? (son muchos los autónomos, de hecho, que no cobran el salario mínimo, pero sí han de cotizar por él). De igual manera, en el hipotético caso de que nuestro peor enemigo fuera un directivo de alto sueldo y quisiéramos poner en peligro su empleo, no lo conseguiríamos bajando el salario mínimo (él seguiría cobrando lo mismo), sino colocándolo por encima del suyo, de manera que su empresa tuviera que prescindir de él. En supuestos más extremos —2.000 ó 3.000 euros mensuales de SMI—, todos entenderíamos sus destructivos efectos sobre el empleo.
Históricamente —como para todo, tenemos ejemplos en la historia (problema recurrente, éste, en los diferentes estados de EE. UU.) —, ya se han hecho subidas salariales de estas proporciones. ¿El resultado? Despidos, economía sumergida y, lo más importante a largo plazo, la ralentización o el estancamiento en la creación de empleo. Más allá del hundimiento directo de muchos proyectos empresariales, evita que muchos otros puedan crecer y que, otros tantos, mueran en la fase previa, onírica, junto a la ambición y las ganas de su ‘diseñador’.
Lo cierto es que el salario mínimo de la mayoría de los convenios de los sectores sobre los cuales la gente podría pensar, preconcebidamente, que “… el malvado empresario explotador se queda con todo”, ya son superiores a 900 euros mensuales. Banca, construcción, farmacéuticas… Y, esto es, hablando siempre del salario propio de la categoría más baja, de alguien (fraudulencias aparte) sin titulación ni responsabilidad en la empresa.
—Estará en la cabeza de muchos, pero no tendría sentido hablar aquí de la hostelería, pues los problemas del sector no podrían reducirse a algo tan general como el tema del presente artículo—.
A lo anterior, sumaremos que datos de la Agencia Tributaria dicen que: quienes cobran el SMI, lo hacen principalmente de empresas de menos de 3 empleados.
Podemos afirmar, entonces, que serían las pequeñas empresas (en sentido amplio) las principales afectadas por esta medida. Sobre las cuales se pueden plantear dos supuestos muy gráficos:
Una empresa que trata de mantener a raya los gastos y ve como baja drásticamente su producción. Básicamente, porque producirá durante menos horas, ya que ha tenido que reducir la jornada de varios trabajadores, despedir o ambas cosas.
Otra empresa, de 6 trabajadores, que quiere mantener su producción. Esta subida de 164’10 euros por paga, con sus correspondientes gastos sociales, le supondrá un sobregasto anual de casi 20.000 euros.
Más de 3.000 euros por trabajador. Se debería tener más miedo a esto, del que se tiene a esa suposición de “si no hubiese un salario mínimo, los salarios serían demasiado bajos”.
Con los salarios ocurre que, a veces, se olvida lo estrechamente ligados que están a la productividad; si sólo tuviéramos en cuenta el tiempo invertido, un Picasso costaría lo mismo que pintar la caseta del perro. Siempre han existido y siempre existirán sectores muy en alza, productivamente hablando, que tienden a normalizarse y sectores improductivos, o en debacle, que se ven obligados a transformarse, renovarse o desaparecer. Planteemos, de nuevo, dos supuestos muy gráficos:
En —el extremo de— un mercado totalmente libre, el salario surge siempre del valor añadido que se aporta, la oferta, la demanda, la cualificación del empleado… Todo fluye de manera ‘natural’, los sectores progresan, se renuevan y desaparecen cuando les toca. No es necesario un gran esfuerzo de creatividad e imaginación, basta con el ejemplo de países como Suecia o Reino Unido, donde no tienen salario mínimo (y resulta que los salarios son más altos que España).
En el otro extremo, tenemos un estado paternalista, intervencionista, grande y hambriento. Aquí también hay sectores productivos y sectores improductivos, eficientes e ineficientes, pero los segundos no desaparecen, no se renuevan. El que produce poco se ve más desregulado aún, porque se incrementan artificialmente los salarios mínimos (los que paga, precisamente, el que produce poco), pero, a la vez, se le ‘rescata’ con ayudas y subvenciones, que se traducen en impuestos para el sector productivo. Es decir, premiar al improductivo y castigar —y obstruir— al eficiente; perpetuando la improductividad y evitando el crecimiento económico; y, así, creando o magnificando el problema de la desocupación, del desempleo.
Deberíamos tener cuidado con acercarnos demasiado al segundo ejemplo, pues en España hay casi un 15% de desempleo actualmente, 35% si hablamos de desempleo juvenil.
A pesar de, como se ve en el ejemplo, no ser la raíz del problema, es obvio que la falta de ocupación agrava (y mucho) el problema de los salarios. Si hay mucha oferta de ‘gente dispuesta a (ó, desesperada por) emplearse’ y muy poca oferta de empleos —mucha demanda de empleos y muy poca de empleados—, es lógico pensar que el valor de los trabajadores bajará y, con él, sus salarios. En un entorno competitivo, con un stock de desempleo bajo, cualquier empresario que aspire a liderar su sector tendrá que contar con los mejores profesionales, a los que tendrá que ofrecer sueldos iguales o mejores que los que ofrece la competencia.
Recapitulando, esta medida afectará principalmente a: autónomos —recordamos la analogía de J. R. Rallo y que, al subir las bases mínimas de cotización, sube la cuota que pagan a la Seguridad Social (SS) —, microempresas y, por deducción, empleados del hogar. Respecto a los últimos, buen ejemplo sería un pensionista medio que necesita a alguien en casa, a jornada completa, para que le ayude con su pareja dependiente.
Por tanto, teniendo en cuenta que el 94% de las empresas inscritas en la SS son autónomos y microempresas (dato lógico, pero que no deja de ser importante), no parece una idea demasiado buena.
Hasta aquí, tenemos una exposición sobre por qué no es buena idea fijar un salario mínimo y sobre cómo tratar de subir éstos de manera artificial puede llegar a ser catastrófico. Pero, queda por responder la pregunta de: ¿cómo hacer, entonces, para que suban los salarios?
Hemos dicho que el Gobierno no tiene ‘potestad real’ sobre los salarios. Pero, sobre lo que sí tiene potestad, dominio, poder e influencia es sobre la renta disponible. Sobre lo que llega, de nuestro salario, tras las deducciones, a nuestro bolsillo. Sobre el dinero que nos queda tras pagar facturas cargadas de impuestos, como la luz. Sobre la presión fiscal en general.
Por tanto, una medida podría traducirse en: confiar en la gente. En lugar de ser tan paternalista —el Estado—, permitir a las personas y a las familias gestionarse sola (en mayor medida, al menos), ahorrar y consumir.
Si sube el consumo, habrá que crear empleo para cubrir la demanda productiva; más ocupación, supondrá más consumo, que supondrá más demanda, más producción, más empleo, más consumo… etcétera, etcétera, etcétera. Ese círculo virtuoso de la economía, tan fácil de explicar y tan difícil de ver girar.
Por otro lado, hemos visto que el salario está indisolublemente ligado a la producción (es difícil vivir de sectores que no producen, como el público —por muchos billetes que imprimas, véase Argentina o Venezuela—) y que ha de haber una demanda coherente de empleo, es decir, que la solución pasa necesariamente por, primero, solventar el inconveniente del altísimo stock de desempleo que tenemos.
No hay soluciones mágicas (como suele decir el economista Daniel Lacalle ). Pero, a veces, sí hay problemas a solucionar que, de lo evidentes que son para todo el mundo, ofenden.
Mucha gente habla de crear empleo y contratar. Bien, pues no pongan tantas trabas. Menos burocracia, pocos trámites y sencillos. Se requieren una media de 7 procedimientos administrativos, medio mes y 3.000 euros para abrir una empresa; y en cuanto a facilidad para contratar, España está a la cola del mundo.
Hay un montón de trámites burocráticos absurdos que no benefician a nadie y que sólo crean empleo para 4 funcionarios, administrando quiénsabequé detrás de un mostrador.
Sólo esto último, sería muy notorio. Y es, por ello, la mayor crítica y la solución que —en opinión humilde del que suscribe— mayor efecto tendría en nuestra economía, en relación a su dificultad para llevarla a cabo. Liberar de costes al emprendedor hasta que empiece a obtener beneficios; costes económicos y costes en sentido amplio, los que suponen todos esos trámites burocráticos prescindibles.
Finalizo, retomando —de paso— el hilo principal, citando a una autoridad cuya opinión tiene más peso que las reflexiones de este artículo, el Instituto de Estudios Económicos: «ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y elevará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados. […] Subiendo el salario mínimo no se consigue mejorar la calidad del empleo sino simplemente mantener en el paro a muchos trabajadores que podrían encontrar empleo en ausencia de dicha medida».[pb_builder]
